Juan José Milán González es un viejo conocido en los Juzgados de Cartagena. Su fama de conflictivo se basa en la montaña de casos que tiene en su historial y pendientes de resolución. Algunos de ellos son reclamaciones dirigidas contra los mismos jueces que llevaron sus casos. Aunque su cara transmite bondad, es grande y corpulento, tiene un volumen de voz elevado y se pone nervioso con facilidad. Es de esas personas que puede llegar a dar miedo si no lo conoces, pero que en realidad es un peluche gigante y ruidoso de oso incapaz de matar una mosca. No parece verosímil, sin embargo, que esos aspectos de la apariencia superficial sean un inconveniente capaz de alterar la labor de los profesionales de la Justicia.
Su problema con la Justicia le nace de Familia, del Juzgado de Familia queremos decir, porque se trata de asuntos relacionados con sus divorcios y las consecuencias que les han traído a él y a sus hijos. En un país civilizado, el divorcio debía ser un proceso regulado por normas sensatas, con una Justicia que llevara la paz al conflicto y repartiera de forma adecuada los trozos de la familia que se ha dividido. Pero aquí no fue así y, desgraciadamente, en muchos más casos tampoco. No es nuestra intención meternos a juez ni valorar la versión verdadera en este caso ni en otros, pero sí que nos sentimos legitimados para valorar los resultados de la acción de la Justicia en la resolución de conflictos familiares como este.
Juan José lleva a sus espaldas dos divorcios antiguos y ahora se le está rompiendo otra vez su nueva pareja con hijo. Cada ocasión tuvo su propio culebrón. El primero tuvo lugar en el año 2.000 y fue el más civilizado, porque fue por acuerdo. En este ¡tan sólo! sufrió Alienación Parental, pues de la parejita de hijos, los dos dejaron de hablarle volcados en su contra por la madre y solo la hija consintió volver a tratar de vez en cuando con él. En ese problema la Justicia no tuvo una responsabilidad directa en su caso, pues el divorcio fue por mutuo acuerdo. Pero sí la tuvo indirecta, ya que el indulto sistemático que hace la Justicia en España a un maltrato infantil tan frecuente y grave como la Alienación Parental, ha provocado que sea un mal cotidiano en los divorcios de este país.
En el 2003 tuvo una hija de su segundo matrimonio, esta vez con una chica nacional de Perú. Poco antes había sufrido un grave infarto que, entre otras secuelas, le hizo perder su trabajo en el taxi que conducía. Con su salud y su economía destruidas, la pareja se le fue deteriorando progresivamente hasta que estalló. En el 2009, la policía se lo llevó desde un Servicio de Urgencias, al que había acudido por angina de pecho, al calabozo por una denuncia de amenazas, merced a la ley de Violencia de Género y sus protocolos de aplicación. Como sucede con muchos maridos, aceptó cargos a cambio de una pequeña condena de alejamiento, para evitar males mayores. Entonces, acudió de visita a la casa del que hasta entonces consideraba un amigo y encontró a su mujer con él. Aquel desafortunado encuentro le costó 8 meses de cárcel en la Prisión de Sangonera, entre Enero y Septiembre de 2010, acusado de quebrantar el alejamiento. Durante ese tiempo la esposa había enviado la hija a Perú con su familia, pero cuando se tramitó el divorcio en el 2011 el Juzgado ordenó su repatriación. La madre no obedeció el dictamen y, como el tribunal no tomaba ninguna medida para hacerle cumplir lo que le había ordenado, el padre tuvo que ir a por ella a Perú en el 2012, después de pedir la ejecución de la sentencia. En Marzo de 2013 se la vuelve a llevar para allá después de varias denuncias del padre por quebrantamiento del régimen de visitas y falsedad en su firma, pero en el mes de Septiembre el Juzgado autoriza a posteriori que la niña permanezca en Perú, a pesar de la desobediencia y de que ambos padres residen en España. Por entonces, Juan José había denunciado a varios jueces de Cartagena y dirigía su propia defensa, a veces sin abogado, intentando creer que su razón al final triunfaría.
Poco después de salir de la cárcel, en Septiembre de 2010, Juan José conoció a su tercera pareja de nacionalidad ecuatoriana, con la que ahora convive “sin arreglar los papeles” de boda. En Mayo del 2012 les nació el hijo que tienen. Lejos de criticarlo por “imprudencia reproductora”, nosotros pensamos que todo el que hoy en día contribuye a remontar la natalidad en España es un héroe, sea en las circunstancias que sea. Pero aparecen en ella trastornos de conducta, que obtienen su explicación cuando recibe un diagnóstico de enfermedad neurológica progresiva en fase inicial. Entre la enfermedad y los asuntos de pareja, la convivencia se le vuelve a estropear. Se ponen denuncias cruzadas, Juan José pone una denuncia contra ella por maltrato con lesiones (él nunca se ha defendido de ellas porque les doblaba en el tamaño y les podría haber hecho daño) que luego retira para evitar más problemas y porque lo achaca a su enfermedad. Otra denuncia, esta vez por parte de ella, aplica de nuevo orden preventiva de alejamiento para Juan José y concede para ella derecho a cobijo en albergue y pensión por maltrato. Pero en el Juzgado durante la vista preliminar pierde los nervios, alza la voz, se produce algún zarandeo con el policía en la sala y se pasa unos cuantos días en la prisión de Sangonera otra vez. Al salir, su pareja le pide la vuelta a la convivencia y él termina accediendo y llegando a un acuerdo, recuperando así el poder estar con su hijo pequeño.
Pero ella sigue empeorando y cada vez se producen más altercados, incluso delante del niño. En todos esos repetidos incidentes, se generan dos partes médicos significativos: Uno de ellos se refiere a una agresión de ella a él, por lo que es atendido en el Servicio de Urgencias que le certifica las lesiones sufridas. El 28 de Octubre ella acudió a Urgencias tras un intento de suicidio y es atendida por Psiquiatría. Él presentó contra ella una denuncia por maltrato hacia el niño e intentó protegerlo reteniéndolo en su casa. Pero, asombrosamente, a pesar de que presentó toda la documentación sobre los problemas neuro-psiquiátricos que concurrían en ella, el 5 de Noviembre el Juzgado que estaba de guardia, el de Instrucción 3 de Cartagena, dictó un auto de medidas de protección del menor que consisten en dar la custodia a la madre y suspender el régimen de visitas al padre. Ahora el menor está fuera de la casa en la que se crió, con el contacto prohibido hacia el padre por orden de la juez de instrucción y bajo el cuidado de una madre con acreditada enfermedad.
Juan José no aparenta ser mal padre, nunca ninguna de sus parejas ha podido presentar un parte de lesiones producidas por él por agresión contra ellas ni contra ninguno de sus 4 hijos. Sin embargo, las dos primeras madres de sus hijos no dudaron en dañar a los hijos provocando en ellos Alienación Parental. Es más, la segunda prefiere tener a la hija al otro lado del mundo y no poder verla, con tal de dañar a su padre. Ahora el más pequeño está bajo el cuidado de su madre enferma, que tiene una conducta alterada que puede suponer un riesgo objetivo él. Todo lo que esas madres hicieron fue autorizado, consentido o provocado por los Juzgados encargados de poner orden dentro del conflicto familiar.
Al hacer el resumen de toda esta historia, no se entiende la labor que la Justicia ha hecho en este caso. El resultado puede ser definido como una catástrofe, un daño cruel e injustificado, una tragedia o un atropello al sentido común. La terea de la Justicia en asuntos de Familia no es la de imponer disciplina desde su Poder, sino la de ofrecer un Servicio Público para hogares rotos en busca de paz y la de ayudar a poder seguir adelante las dos partes por caminos distintos. La calidad que ha tenido este servicio nos parece tan deficiente que merece por lo menos una hoja de reclamaciones titulada:”¿Se podría hacer peor?”
Noticia extraida de ............ http://vegamediapress.es
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